El 25 de abril de 1988 Doñana vivía uno de sus episodios más peligrosos de su historia: 5 millones de metros cúbicos de lodo tóxico se vertían sobre su paisaje
Doñana dormía en la madrugada del 25 de abril de 1998 cuando se produjo la rotura y desprendimiento de 50 metros de muro de contención de la balsa de decantación de lodos piríticos que la empresa Boliden Apirsa S.L tenía en su explotación minera del municipio de Aznalcóllar. Esta rotura ocasionaba el vertido al río Guadiamar de 5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas, afectando a una longitud de 62 kilómetros del cauce desde la balsa hasta el límite del Parque Nacional de Doñana.
El impacto medioambiental de este vertido obligó a las administraciones a tomar medidas de urgencia para minimizar en la medida de lo posible sus consecuencias, siendo la paralización de la planta de concentrado de la mina y toda la actividad minera de la zona de Aznalcóllar y el cierre de las conexiones laterales del río Guadiamar las primeras de ellas. A pesar de que este esfuerzo consiguió evitar su entrada en el corazón de la marisma, 4.600 hectáreas de cultivo y pastizales arruinados, decenas de acuíferos subterráneos y marismas contaminadas, 26 toneladas de peces muertos, centenares de aves afectadas y miles de puestos de trabajos perdidos dejaron un escenario de terror desolador en la zona.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ocupó un papel indispensable como asesor científico en este proceso en el que se acordó crear la ‘Comisión de Coordinación para la Recuperación de la Cuenca del Guadiamar entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía’. Un año después de la retirada de lodos se realizó un muestreo del cauce para diagnosticar el estado de contaminación en el lecho del río. Los resultados de este muestreo pusieron de manifiesto que los residuos de contaminación metálica eran aún importantes, superando los niveles de intervención de arsénico y zinc en el 73% y el 85% de las muestra de cauce respectivamente.
Con el paso de los años se ha llevado a cabo un seguimiento ambiental mediante dos programas simultáneos, uno con medios propios de la administración y otro dentro del Programa Científico del Corredor Verde del Guadiamar, a través de convenios en los que participan universidades andaluzas y centros de investigación del CSIC, tanto de Andalucía como de otras comunidades autónomas.
La Junta de Andalucía lleva años trabajando en la reapertura de este espacio minero, una reactivación que el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, indica que «progresa adecuadamente». A esta decisión se oponen grupos ecologistas como Greenpeace, Friday For Future o Ecologistas en Acción.